En los últimos días hemos conocido a través de los medios de comunicación el contenido de dos sentencias dictadas contra dos jueces condenados por causas diferentes que demuestran la perdida, en los últimos años, de valores esenciales en nuestra sociedad. Debo aclarar que, las actuaciones de ambos jueces son execrables aunque, difieren sustancialmente la una de la otra en las consecuencias derivadas de las actuaciones enjuiciadas.
En el primero de los casos, nos encontramos con la sentencia dictada contra el juez Calamita, condenado a 2 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 6.000€ por un delito de retardo “malicioso” en la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica y, en el segundo de los casos, la confirmación de la sentencia impuesta al juez Rafael Tirado con una sanción leve, multa de 1.500€, por no ejecutar una sentencia contra Santiago del Valle que habría impedido el asesinato de la niña Mari Luz presuntamente por parte de este individuo
Dos sentencias diametralmente opuestas que muestran la realidad de una sociedad donde el derecho fundamental a la vida se valora en menor medida que la rapidez en un proceso de adopción protagonizada por una pareja del mismo sexo. Por tanto, resulta evidente la politización de la justicia en determinados casos donde, se juzgan causas en las que los imputados representan principios desechados o apreciados por quienes ocupan el Gobierno de la nación.
No me cabe la menor duda de que esto es el resultado final de una política excluyente que divide a la sociedad española entre rojos y azules, religiosos y laicos, conservadores y progresistas, buenos y malos que, rememora épocas pasadas ya superadas por un pueblo que padeció los graves efectos de una guerra fraticida en ambos bandos. Una política que ha fracturado gravemente a la sociedad española liderada por falsos progresistas.
En definitiva, estoy totalmente convencido de que el Gobierno liderado por José Luís Rodríguez Zapatero adoptará inmediatamente las medidas necesarias para evitar decisiones judiciales injustas e impopulares respetando, en todo momento, los derechos de todos los ciudadanos españoles aunque, valorando la gravedad de los hechos juzgados.
En el primero de los casos, nos encontramos con la sentencia dictada contra el juez Calamita, condenado a 2 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 6.000€ por un delito de retardo “malicioso” en la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica y, en el segundo de los casos, la confirmación de la sentencia impuesta al juez Rafael Tirado con una sanción leve, multa de 1.500€, por no ejecutar una sentencia contra Santiago del Valle que habría impedido el asesinato de la niña Mari Luz presuntamente por parte de este individuo
Dos sentencias diametralmente opuestas que muestran la realidad de una sociedad donde el derecho fundamental a la vida se valora en menor medida que la rapidez en un proceso de adopción protagonizada por una pareja del mismo sexo. Por tanto, resulta evidente la politización de la justicia en determinados casos donde, se juzgan causas en las que los imputados representan principios desechados o apreciados por quienes ocupan el Gobierno de la nación.
No me cabe la menor duda de que esto es el resultado final de una política excluyente que divide a la sociedad española entre rojos y azules, religiosos y laicos, conservadores y progresistas, buenos y malos que, rememora épocas pasadas ya superadas por un pueblo que padeció los graves efectos de una guerra fraticida en ambos bandos. Una política que ha fracturado gravemente a la sociedad española liderada por falsos progresistas.
En definitiva, estoy totalmente convencido de que el Gobierno liderado por José Luís Rodríguez Zapatero adoptará inmediatamente las medidas necesarias para evitar decisiones judiciales injustas e impopulares respetando, en todo momento, los derechos de todos los ciudadanos españoles aunque, valorando la gravedad de los hechos juzgados.
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