El denominado caso “Faisán” conocido por la opinión pública en los últimos días tras la publicación de los hechos investigados en algunos medios de comunicación, debe su nombre al Snack-Bar Faisán, ubicado en Irún, lugar de reunión de quienes trabajaban tanto a favor como en contra de la banda terrorista ETA tras la llegada al Gobierno del país del partido socialista.
Debemos remontarnos al 4 de mayo de 2006, seis semanas después de iniciarse el llamado proceso de paz, cuando el Ministerio del Interior se disponía a comunicar el cese de toda actividad de la banda terrorista a pesar de que estos continuaban con sus labores de financiación a través de la extorsión al tejido empresarial. Presuntamente, un supuesto policía entregó un teléfono móvil a uno de los principales implicados en la red financiera de ETA a través del cual recibió una llamada que alertaba a los terroristas de que la policía iba a por ellos.
Diferentes pruebas recogidas por los investigadores policiales llevadas a cabo por Policía y Guardia Civil en relación al entramado de extorsión han señalado como principal hipótesis, desde el minuto uno de este escándalo, el que el chivatazo tenía como objetivo impedir una operación contra la banda que podía poner en peligro el dialogo entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y los dirigentes de la banda armada señalando a un mando policial de la lucha antiterrorista como principal sospechoso. Un agente condecorado por el Ministerio del Interior en tres ocasiones con un distintivo que significa un incremento salarial bruto del 15%.
Aunque, la gravedad de los hechos radica en que los investigadores de la Guardia Civil recibieron, presuntamente, datos erróneos de sus colegas policiales con la intención de que no avanzaran en sus averiguaciones por órdenes de superiores políticos. Circunstancia agravada, posteriormente, al quedar excluidos de la investigación por orden expresa tras la incorporación del magistrado “estrella” de la judicatura española a las investigaciones judiciales.
En definitiva, gravísimos hechos sucedidos hace años, que extrañamente han sido desatendidos por las instituciones implicadas en su esclarecimiento recibiendo incluso, la petición de archivo de las mismas por parte de una fiscalía muy activa en otros casos. Por tanto, la ciudadanía podría deducir presuntas ingerencias políticas en los casos judicializados conocidos en los últimos meses.
Debemos remontarnos al 4 de mayo de 2006, seis semanas después de iniciarse el llamado proceso de paz, cuando el Ministerio del Interior se disponía a comunicar el cese de toda actividad de la banda terrorista a pesar de que estos continuaban con sus labores de financiación a través de la extorsión al tejido empresarial. Presuntamente, un supuesto policía entregó un teléfono móvil a uno de los principales implicados en la red financiera de ETA a través del cual recibió una llamada que alertaba a los terroristas de que la policía iba a por ellos.
Diferentes pruebas recogidas por los investigadores policiales llevadas a cabo por Policía y Guardia Civil en relación al entramado de extorsión han señalado como principal hipótesis, desde el minuto uno de este escándalo, el que el chivatazo tenía como objetivo impedir una operación contra la banda que podía poner en peligro el dialogo entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y los dirigentes de la banda armada señalando a un mando policial de la lucha antiterrorista como principal sospechoso. Un agente condecorado por el Ministerio del Interior en tres ocasiones con un distintivo que significa un incremento salarial bruto del 15%.
Aunque, la gravedad de los hechos radica en que los investigadores de la Guardia Civil recibieron, presuntamente, datos erróneos de sus colegas policiales con la intención de que no avanzaran en sus averiguaciones por órdenes de superiores políticos. Circunstancia agravada, posteriormente, al quedar excluidos de la investigación por orden expresa tras la incorporación del magistrado “estrella” de la judicatura española a las investigaciones judiciales.
En definitiva, gravísimos hechos sucedidos hace años, que extrañamente han sido desatendidos por las instituciones implicadas en su esclarecimiento recibiendo incluso, la petición de archivo de las mismas por parte de una fiscalía muy activa en otros casos. Por tanto, la ciudadanía podría deducir presuntas ingerencias políticas en los casos judicializados conocidos en los últimos meses.
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