Es como se conoce popularmente a la Ley española 28/2005, de 26 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2006, aunque algunos aspectos de la Ley no entraron en vigor hasta septiembre de 2006 e incluso, enero de 2007, y cuya medida más importante es la prohibición de fumar en determinados lugares tanto públicos como privados. La Ley, además, distingue entre zonas en las que está "totalmente prohibido fumar", y espacios en los que se puede fumar si se habilita una sala especial de fumadores estableciéndose que corresponde a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la misma así como, su desarrollo normativo.
El tabaco como adicción crónica generada por su consumo, produce dependencia física y psicológica como así también, un gran número de enfermedades respiratorias y cardíacas, sin ninguna duda, el mayor causante de muertes superando ampliamente a otros factores como el sida, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos. Hábito perjudicial, que no solo afecta a quien lo consume sino, que daña seriamente a quienes comparten espacios con los fumadores convirtiéndose en fumadores pasivos. Según estudios médicos realizados, estas personas inhalan dos veces más de alquitrán y nicotina que lo inhalado por el fumador por ello, el nivel de monóxido de carbono en la sangre de los no fumadores se eleva al compartir una habitación con fumadores.
Por tanto, resulta evidente afirmar que la Ley antitabaco aprobada por el Gobierno de la nación a beneficiado a millones de españoles no fumadores que han podido respirar un aire exento de estas sustancias altamente nocivas para la salud en determinados locales así como, ayudar efectivamente a miles de fumadores en la lucha diaria que supone llevar a cabo la deshabituación tabáquica ya que, eliminar su consumo en determinadas situaciones benefician tan acertada decisión.
En definitiva, tras varios años de restricciones en determinadas situaciones amparadas por esta Ley, ha llegado el momento de dar el paso definitivo prohibiendo por completo el consumo de esta sustancia en lugares públicos al igual que sucede en países como Irlanda, Italia, Francia o Reino Unido. Sin ninguna duda, el Ejecutivo debe adoptar esta medida en respuesta a las 55.000 muertes al año como consecuencia del hábito de fumar.
El tabaco como adicción crónica generada por su consumo, produce dependencia física y psicológica como así también, un gran número de enfermedades respiratorias y cardíacas, sin ninguna duda, el mayor causante de muertes superando ampliamente a otros factores como el sida, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes de tráfico juntos. Hábito perjudicial, que no solo afecta a quien lo consume sino, que daña seriamente a quienes comparten espacios con los fumadores convirtiéndose en fumadores pasivos. Según estudios médicos realizados, estas personas inhalan dos veces más de alquitrán y nicotina que lo inhalado por el fumador por ello, el nivel de monóxido de carbono en la sangre de los no fumadores se eleva al compartir una habitación con fumadores.
Por tanto, resulta evidente afirmar que la Ley antitabaco aprobada por el Gobierno de la nación a beneficiado a millones de españoles no fumadores que han podido respirar un aire exento de estas sustancias altamente nocivas para la salud en determinados locales así como, ayudar efectivamente a miles de fumadores en la lucha diaria que supone llevar a cabo la deshabituación tabáquica ya que, eliminar su consumo en determinadas situaciones benefician tan acertada decisión.
En definitiva, tras varios años de restricciones en determinadas situaciones amparadas por esta Ley, ha llegado el momento de dar el paso definitivo prohibiendo por completo el consumo de esta sustancia en lugares públicos al igual que sucede en países como Irlanda, Italia, Francia o Reino Unido. Sin ninguna duda, el Ejecutivo debe adoptar esta medida en respuesta a las 55.000 muertes al año como consecuencia del hábito de fumar.
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