Las informaciones relacionadas con las irregularidades contables detectadas en las cuentas del Consejo de la Juventud de Ceuta presidido por Mariam Mohamed han capitalizado páginas en los periódicos y minutos de los informativos en las emisoras de radio y televisiones locales en los últimos días obviando, en todos ellos, la independencia ideológica y la capacidad de trabajo demostrada por la ex presidenta, reconocidas públicamente por muchos en el pasado.
Quizás, sería conveniente recordar otros momentos convulsos en la historia del Consejo de la Juventud de Ceuta remontándonos al instante en que, el partido socialista presiono con virulencia extrema a esta joven presidenta con la única intención de injerir en las decisiones de esta circunstancia, que mostró la independencia de una ceutí que antepuso los intereses de nuestra juventud por encima de intereses partidistas significando su expulsión inmediata de esta formación sin recibir apoyo alguno de quienes habían sido sus compañeros.
Evidentemente, no voy a defender la gestión desarrollada durante estos años por esta Presidenta cuyas presuntas “irregularidades” han sido detectadas y dadas a conocer por quienes la expulsaron, encontrándose en estos momentos en manos de la Fiscalía quien las estudiará y decidirá sobre la existencia de indicios suficientes para iniciar el correspondiente procedimiento judicial o declarar su desestimación. Por tanto, responsabilizar judicialmente a miembros del Gobierno en estos momentos es precipitado e irresponsable ya que, quien debe decidir al respecto trabaja con la independencia requerida.
Por tanto, asistimos al linchamiento público contra quien protagonizó la mayor demostración de independencia política en los últimos años. Cuyas presuntas “irregularidades contables” han sido filtradas interesadamente por quienes recibieron como respuesta a su injerencia una rotunda negativa. En definitiva, es momento de apartar intereses partidistas y dejar trabajar libremente a la fiscalía a quien corresponderá decidir en relación a la denuncia formulada por UDCE-IU-PSPC y por la propia Gestora del Consejo, decretando la existencia de indicios suficientes para iniciar el procedimiento judicial correspondiente o su desestimación.
Quizás, sería conveniente recordar otros momentos convulsos en la historia del Consejo de la Juventud de Ceuta remontándonos al instante en que, el partido socialista presiono con virulencia extrema a esta joven presidenta con la única intención de injerir en las decisiones de esta circunstancia, que mostró la independencia de una ceutí que antepuso los intereses de nuestra juventud por encima de intereses partidistas significando su expulsión inmediata de esta formación sin recibir apoyo alguno de quienes habían sido sus compañeros.
Evidentemente, no voy a defender la gestión desarrollada durante estos años por esta Presidenta cuyas presuntas “irregularidades” han sido detectadas y dadas a conocer por quienes la expulsaron, encontrándose en estos momentos en manos de la Fiscalía quien las estudiará y decidirá sobre la existencia de indicios suficientes para iniciar el correspondiente procedimiento judicial o declarar su desestimación. Por tanto, responsabilizar judicialmente a miembros del Gobierno en estos momentos es precipitado e irresponsable ya que, quien debe decidir al respecto trabaja con la independencia requerida.
Por tanto, asistimos al linchamiento público contra quien protagonizó la mayor demostración de independencia política en los últimos años. Cuyas presuntas “irregularidades contables” han sido filtradas interesadamente por quienes recibieron como respuesta a su injerencia una rotunda negativa. En definitiva, es momento de apartar intereses partidistas y dejar trabajar libremente a la fiscalía a quien corresponderá decidir en relación a la denuncia formulada por UDCE-IU-PSPC y por la propia Gestora del Consejo, decretando la existencia de indicios suficientes para iniciar el procedimiento judicial correspondiente o su desestimación.
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