“Todos unidos, no a la violencia”

Sin lugar a dudas, esta no será la última ocasión en la que comparta con ustedes mis modestas reflexiones en relación a una problemática cuyos protagonistas ocupan páginas y páginas en los medios de comunicación, los vecinos de las barriadas del Príncipe. En esta ocasión, con motivo del incremento en los últimos días de actos vandálicos perpetrados por un número cada vez mayor de violentos, vecinos de la misma barriada, contra los funcionarios públicos que acuden presto a esta zona de la ciudad a requerimiento de estos mismos vecinos con la única intención de prestar labores esenciales por el bienestar de esta comunidad.

La semana pasada señale en mi colaboración semanal la firme voluntad expresada, tras finalización de la Junta de Seguridad extraordinaria celebrada tras los gravísimos acontecimientos acaecidos en la zona, por los máximos responsables políticos de las dos administraciones, General del Estado y Autonómica, en relación a solventar las diferentes problemáticas que padecen los habitantes de esta populosa barriada. En este punto debo recordar dos de ellas por su trascendencia de entre todas las medidas adoptadas; la construcción de una comisaría así como, un incremento sustancial en la presencia policial tanto en la propia barriada, como en los accesos.

Unos pocos políticos han criticado duramente, desde la demagogia más sectaria, lo que pocos días después sería una realidad constatada por los propios vecinos. La demostración fehaciente de la firme voluntad de unos políticos comprometidos con el bienestar general de los vecinos de esta zona. Las numerosas inversiones ejecutadas, la implantación de diferentes servicios que han acercado la gestión administrativa a este importante núcleo poblacional así como, el incremento en servicios esenciales constituyen el fiel reflejo de una realidad negada por quienes pretenden manipular la disposición de estos vecinos como arma arrojadiza.

Bajo ninguno concepto es admisible la proliferación de actos vandálicos, bajo ningún concepto es admisible la desobediencia civil contra una autoridad pública que solo busca la paz social en beneficio de la comunidad en general de esta populosa barriada. Las administraciones han actuado diligentemente respondiendo desde el compromiso más sincero a las reivindicaciones vecinales por tanto, ahora corresponde a estas asociaciones actuar en consecuencia, movilizando al mayor número posible de vecinos en el trabajo constante, junto a la dos administraciones, en la erradicación de una lacra social que atenta gravemente contra la convivencia real en la barriada.

En definitiva, formaciones políticas, sindicales y vecinales tienen la obligación moral de consensuar acciones conjuntas contra la proliferación en los últimos días de estos actos vandálicos, alejando totalmente de sus estrategias sutilmente planteadas, la confrontación continuada en la búsqueda de su propio beneficio en cumplimiento del viejo proverbio “a mar revuelta, ganancias de pescadores”. Por cierto, cualquier movilización vecinal debería desarrollarse en la propia barriada y siempre bajo el lema “Todos unidos, no a la violencia”.