Actuar en consecuencia

Resulta descorazonador comprobar la proliferación en los últimos años de asociaciones y organizaciones creadas por inmigrantes marroquíes  residentes en nuestro país cuya única intención es  defender los intereses de su país de procedencia en detrimento de los del  país de acogida. Asociaciones y organizaciones empecinadas, entre otras muchas cuestiones, en  reivindicar  la marroquinización de territorios españoles extra peninsulares. Ciudadanos marroquíes que disfrutan de los derechos y las libertades  existentes en nuestro país así como,  de  subvenciones públicas  para arremeter  contra los principios que cimentan el documento que les confiere su estatus.

En esta ocasión, debo referirme a la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, una asociación creada con la intención de defender unos derechos ya reconocidos en el artículo trece  de nuestra Carta Magna, pero  cuya realidad es diametralmente opuesta  si analizamos algunas de  las iniciativas protagonizadas por sus principales dirigentes en los últimos años. Expondré  algunos ejemplos que demuestran esta afirmación;  apoyo de esta asociación a la consulta independentista planteadas por los nacionalistas catalanes o la petición al reino de Marruecos del traslado de las iglesias católicas de los centros urbanos a zonas del  extrarradio.

Quizás esta asociación,  presuntamente  financiada con fondos públicos,  creada para defender las libertades de los extranjeros en un país  democrático como el nuestro, debería destinar todos sus esfuerzos a reivindicar estos mismo derechos en su país de procedencia o  exigir un mayor esfuerzo inversor del Reino de Marruecos  en beneficio de una ciudadanía, que comprueba indignada como las cantidades económicas destinadas en los presupuestos  a sostener a la familia real marroquí es diez veces mayor que el destinado a la familia real española.  Una familia real que  actualmente recibe 2.500 millones de dírhams al año, equivalente a 234 millones de euros.

¿Cómo es posible que estas  asociaciones exijan en nuestro país lo que no exigen en el suyo?, ¿cómo es posible que estas asociaciones pretendan interferir en materias reservadas exclusivamente a quienes disfrutamos de la nacionalidad española? Y por último ¿cómo es posible que a pesar de todo lo  dicho, estas asociaciones puedan recibir subvenciones públicas? El Gobierno de España debe reconsiderar las decisiones adoptadas por los anteriores gobernantes, analizar  en profundidad las distintas  actividades que estas asociaciones desarrollan  y actuar con la firmeza que el Estado de Derecho les confiere.