Coartar la libertad de expresión

En el día de hoy, compartiré con los lectores de este medio de comunicación, algunas reflexiones en relación a las acusaciones infundadas vertidas, un jueves más, por los portavoces de la coalición Caballas. En esta ocasión, con la clara intención de coaccionar la labor independiente que desempeñan a diario los profesionales de un medio de comunicación en concreto, Radio Televisión Ceuta. Una televisión pública que ofrece a la ciudadanía una amplia oferta televisiva de producción propia en la que tienen cabida todo tipo de contenidos entre los que debo destacar; informativos, programas culturales, religiosos, festivos, deportivos, históricos, entrevistas, magacines o tertulias sobre diferentes cuestiones, que muestran la profesionalidad de todos sus trabajadores.

Debo puntualizar, que en esta televisión pública, legalmente establecida, están representadas en su máximo órgano de decisión todas las formaciones políticas con representación parlamentaria en clara contraposición con la televisión creada por el ex concejal de Economía y Hacienda, portavoz de dicha coalición en la actualidad, Juan Luís Aróstegui. Una televisión creada maquiavélicamente de la unión estratégica de iniciativa privada y pública aunque, financiada mayoritariamente con capital proveniente del erario público es decir, con el dinero de todos los ceutíes con la única intención de enaltecer la labor del equipo de Gobierno municipal y en particular, la de los miembros de la formación política liderada por este, el PSPC.

Es importante recordar, según informaciones extraídas de las hemerotecas de los medios de comunicación existentes en ese periodo de nuestra historia más reciente, como la concejalía responsable de las cuentas públicas incluyó en los primeros Presupuestos de la Ciudad elaborados por el máximo dirigente del partido localista y actualmente socio de la UDCE en la coalición creada, una partida de 57 millones de pesetas destinada íntegramente a publicidad institucional de los cuales, 42 millones se destinaban directamente a la televisión “cofinanciada” y los otros 15 millones a los medios de comunicación restantes, dos medios escritos y dos emisoras radiofónicas.

Privilegios económicos a los que debemos añadir otras muchas decisiones políticas no cuantificadas económicamente pero que demuestran los recursos públicos destinados a un medio de comunicación controlado exclusivamente por los miembros del equipo de gobierno municipal. Aunque, lo más sorprendente fue la introducción en los Presupuestos de la Ciudad en el último año de esa legislatura, de un incremento cercano al 100% en la subvención pública (Publicidad Institucional) a favor de dicha televisión, pasando de 3,5 millones de pesetas mensuales a 7,5 millones de pesetas. Sumando diferentes conceptos, el coste total para todos los ceutíes ascendió a 140 millones de pesetas.

En definitiva, una reflexión argumentada en datos y cifras extraídos de las hemerotecas, que muestran las incoherencias de un personaje, que impulsó la creación de una televisión coparticipada por iniciativa privada y pública, con fondos provenientes exclusivamente de los Presupuestos de la Ciudad, en la que no tenían representación las formaciones políticas en la oposición y sin embargo, hoy critica vehementemente la labor de los profesionales de una Radio Televisión Publica legalmente establecida y fiscalizada por todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Sin ninguna duda, los hechos del pasado demuestran las mentiras del presente.