domingo, 6 de junio de 2010

La muerte de nuestra Semana de Pasión

En ocasiones, cuando nuestros gobernantes adoptan decisiones vagamente reflexionadas, estas pueden provocar daños irreparables para los intereses de la sociedad en general por tanto, el cometido principal de cualquier gobernante responsable debería ser, sin ninguna duda, sustentar cualquiera de sus decisiones en argumentos sólidos y consistentes en busca, en todo momento, del interés general de una ciudadanía hastiada de sus actuales dirigentes políticos. En ningún caso, dichas decisiones deberían estar argumentadas en posicionamientos partidistas, que tan sólo pretenden encubrir veleidades de su ineficaz gestión.

La pasada semana, el Ejecutivo socialista presidido por José Luís Rodríguez Zapatero atentó contra una de nuestras tradiciones más arraigadas, la relación especial existente entre nuestras Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, para nada costumbres franquistas ya que, en algunos casos se remontan ampliamente en nuestra riquísima historia. Debo recordar en este momento, dos importantes celebraciones religiosas, por un lado la festividad del Corpus Christi en la ciudad de Burgos donde, además de festejar el Corpus también se festeja el célebre Curpillos, acto que conmemora la victoria de las Navas de Tolosa en 1212 y como no podría ser de otra manera, la Semana Santa de Málaga, localidad en la que la vinculación de la Legión con el Cristo de Mena se remonta a 1921 como consecuencia de su transformación en ciudad hospital al recibir a cientos de heridos provenientes de la Guerra de África, todos ellos protegidos por el Cristo mencionado.

Por tanto, resulta evidente afirmar, que la histórica vinculación de nuestras manifestaciones religiosas con el Ejercito forma parte sustancial de la historia de España, en particular tras la prolongada guerra entre los reinos cristianos y musulmanes que culminó en 1492, despreciar y legislar en su contra amparándose en nuestro laicismo constitucional desde el radicalismo extremo supone una falta absoluta de respeto a millones de ciudadanos, un insulto a unas tradiciones que se remontan en el tiempo y por supuesto, una terrible agresión a los sentimientos religiosos arraigados en nuestra sociedad.

No obstante, también podríamos afirmar que la decisión adoptada la semana pasada por el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero en relación a reformar vía Decreto Ley el actual Reglamento de Honores militares, lo circunscribimos exclusivamente en la necesidad del partido socialista de desviar la atención ciudadana de los verdaderos problemas que afectan a la ciudadanía es decir, de los 5 millones de desempleados, del 12% de déficit público, en el mayor recorte de derechos sociales de nuestra historia democrática, en la disminución en un 5% en los salarios de los funcionarios públicos, en la subida del IVA, en la eliminación de la devolución de los 400€ del IRPF o en el cheque bebe. Por tanto, nos encontramos ante una decisión que tan solo busca desviar la atención de los problemas fundamentales que atenazan y perjudican gravemente a lo sociedad española.

Pues bien, con esta medida el Gobierno de España, del partido socialista, los progresistas, los del talante, los únicos garantes de los derechos y libertades de los españoles han ejecutado públicamente una de las tradiciones más enraizadas en nuestra cultura, de nuestros sentimientos, las procesiones religiosas en las que la complicidad entre el estamento militar, civil y religioso son nota predominante. Una decisión que finiquita irremisiblemente cualquier expectativa de convertirnos en reclamo turístico a través de nuestra Semana Santa, nuestras Fiestas Patronales en honor a nuestra Virgen de África, el homenaje a los hombres y mujeres del mar en la celebración de la Virgen del Carmen y un largo etcétera. En definitiva, una vez más, una decisión del partido socialista obrero y español perjudica gravemente los intereses de una ciudad donde el respeto y la tolerancia entre las diferentes culturas siempre ha sido nota predominante. Ahora, es momento de que los ceutíes unidos expresen públicamente a través de concentraciones, movilizaciones, manifestaciones, declaraciones y columnas de opinión su rechazo frontal a una decisión que perjudicará gravemente nuestros intereses.

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