Respuesta a la responsabilidad

Los españoles otorgamos mayoritariamente nuestra confianza a la candidatura del Partido Popular encabezada por Mariano Rajoy un domingo día 20 de noviembre de 2011. Tuvimos que esperar pacientemente durante varias semanas hasta vislumbrar el final de una etapa marcada por el derroche de los fondos públicos y el incremento insostenible en las cifras del desempleo.  El miércoles 21 de diciembre, 31 días después de la celebración de las Elecciones Generales, Mariano Rajoy Brey se convertía en el nuevo Presidente del Gobierno tras  la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 1822/2011. Un día después, el líder del Ejecutivo comunicaba los nombres de quienes le acompañarían en la nueva andadura, los miembros del nuevo Consejo de Ministros.

El viernes día 23 de diciembre de 2011 se celebró la primera reunión de un Consejo de Ministros que en menos de 100 días ha aprobado más medidas  para luchar contra los efectos de la situación heredada que todas las adoptadas por el Gobierno socialista saliente en sus siete años de mandato.  Desde la aprobación en la  segunda reunión del nuevo equipo ministerial  del  primer paquete de medidas para reducir el déficit público en 8.900 millones de euros hasta la aprobación en el último Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes de la Ley de Transparencia,  sin olvidar en ningún momento  las políticas sociales como las ayudas de 400€ a los desempleados, la inclusión de nuevos supuestos en  la Ley de Dependencia o el incremento general en las pensiones.

No obstante, en esta ocasión me centraré  exclusivamente  en  algunos de los apartados de la nueva Ley de Transparencia aprobada el pasado viernes  que nos equipará con los países europeos de primer nivel al alejar  definitivamente  la opacidad de la gestión política. De esta manera, el Gobierno del Partido Popular pone a disposición de la ciudadanía todos los contratos de las diferentes administraciones públicas: publicando los procedimientos, el importe y el adjudicatario, también de todas las subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe. A partir de estos momentos, todas las administraciones deberán dar a conocer todos sus contratos, cómo gastan el dinero, con qué organigrama trabajan, y cuáles son las retribuciones de sus equipos directivos.

Al mismo tiempo, la nueva Ley pondrá el punto y final a los excesos retributivos de aquellos alcaldes que hasta el momento cobraban más que el propio Presidente del Gobierno. Por primera vez en este país, se fijarán baremos públicos lógicos y coherentes  sobre los que se deberán regir  los nombramientos de cargos municipales que serán aprobados cada año por las Cortes Generales en la ley de los Presupuestos Generales del Estado. Una vez sea aprobada la reforma de  la Ley de Bases de Régimen Local serán prioritarios en la confección de dichas retribuciones aspectos tan importantes como el tipo de entidad local, el número de habitantes o las dimensiones de la localidad en cuestión.

A pesar de todo ello, las centrales sindicales mayoritarias  que permanecieron en el  más absoluto silencio mientras el anterior Gobierno dilapidaba los fondos públicos llevándonos a las mayores cifras de déficit y de desempleo, convocan una Huelga General cuando a penas se cumplen los primeros 100 días de la toma de posesión de un  Ejecutivo que ha demostrado con hechos concretos su especial sensibilidad con las problemáticas que afectan  a la ciudadanía y más concretamente, hacia quienes sufren en mayor medida las consecuencias de las decisiones de quienes disfrutaban del  beneplácito expreso  de UGT y CCOO. Jamás una Huelga General fue tan injusta con la labor desarrollada por un Ejecutivo a lo largo de nuestra historia democrática.