La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha
condenado en esta semana a dos miembros
de la Policía Local a la máxima pena por un delito de detención ilegal y otro
de falsedad. Los hechos juzgados se remontan al año 2008 cuando dichos agentes
fueron requeridos para atender una llamada de auxilio efectuada desde el Centro
de Salud del Recinto Sur. Una intervención rutinaria que se convirtió en la
mayor de las pesadillas para quienes desempeñaban con diligencia labores
fundamentales en el mantenimiento de la convivencia en esta ciudad.
Una convivencia cada
vez más debilitada como consecuencia del
incremento en la inseguridad, y más concretamente tras una serie
encadenada de actos delictivos acaecidos en los últimos meses, que demuestran
fehacientemente el grave deterioro experimentado en una ciudad sometida a la
barbarie de quienes disfrutan de todos sus derechos, pero no de sus
obligaciones. Cuestión a dictaminar por quien asume en exclusividad esta competencia,
un Poder Judicial al que corresponde
decidir donde finalizan los
derechos de estos individuos y donde comienzan
los derechos de quienes respetamos las leyes españolas y los derechos
de quienes velan por su sostenimiento, los cuerpos de seguridad.
Cuando sentimientos de desmotivación y desesperanza embargan a los integrantes de la plantilla de la Policía
Local de Ceuta, regresa a mi memoria las
palabras de apoyo pronunciadas por el Delegado del Gobierno, Francisco Antonio
González Pérez, ante los medios de comunicación, en defensa de las actuaciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo su dirección “lo que no
se puede hacer es comparar a la policía con los delincuentes”. En definitiva,
desde este pequeño espacio de opinión expreso mi apoyo incondicional a todos
los profesionales encuadrados en el cuerpo policial más cercano al ciudadano,
la Policía Local.
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