Los padres de la Constitución
española aparcaron ideologías y obviaron conflictos pasados en
beneficio de la construcción de un proyecto común la Constitución
Española. A partir de ese mismo instante, los ciudadanos adquirimos
un conjunto de derechos y libertades, pero también de deberes, todos
ellos de obligado cumplimiento. No podemos olvidar que nuestros
derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás.
Los hechos demuestran, una vez más,
que el progresismo español olvida esta equidad, para ellos tan solo
existen los derechos mientras exigen las obligaciones a los demás.
La izquierda española pretende alcanzar en la calle lo que perdió
legítimamente en las urnas, utilizando todo los medios a su alcance,
y apropiándose de un supuesto apoyo ciudadano cuando la realidad
es diametralmente opuesta, fueron desalojados democráticamente del
Gobierno por incapacidad manifiesta.
Algunos navegan
interesadamente por la historia obviando que la España franquista
finalizó con la muerte de su precursor. Desde ese mismo instante
todos, absolutamente todos abandonamos un sistema totalitario para
emprender un nuevo camino guiado por un documento aprobado
mayoritariamente por todos los españoles, la Constitución Española
que sitúa la soberanía nacional en el pueblo, de quien emana los
poderes del Estado. Un Estado cuya forma política es la Monarquía
parlamentaria.
Es el momento oportuno para recordar
el artículo seis del Título Preliminar de nuestra Ley de Leyes “Los
partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación política. Su creación y el
ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la
Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos”. En definitiva, a pesar de las
circunstancias actuales, la sociedad española tiene la obligación
de consolidar definitivamente un modelo democrático sustentado en
siglos de historia.
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