Algunos pretenden hacer de esta ciudad una “isla
jurídica” respecto al resto del
territorio nacional con la única intención de consolidar un proyecto político
cimentado en la exclusión social. El Debate del Estado de la Ciudad celebrado
la pasada semana puso de manifiesto definitivamente las verdaderas intenciones
de una formación política caracterizada, desde sus comienzos políticos, por la
defensa de los intereses de una cultura
determinada de nuestra sociedad frente al interés general de todos los
ceutíes.
La coalición Caballas planteó la adopción de cuatro acuerdos
en favor de los musulmanes ceutíes,
entre ellos: “promover medidas de discriminación positiva en aquellos
ámbitos en lo que sea legalmente posible”. Una propuesta, sin ninguna
duda, en total contraposición con uno de
los principios irrenunciables incluidos en la Constitución Española, en nuestra
Carta Magna. El artículo 14 del capítulo
segundo dice así: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Una propuesta argumentada, según el portavoz adjunto e
ideólogo de esta formación política, a
pesar de no profesar la religión musulmana, en la intención de
garantizar la igualdad efectiva entre
todos los ceutíes, pero que sin
ninguna duda excluye claramente al resto de culturas de la ciudad. El mero
hecho de plantear esta propuesta supone reconocer que este colectivo ha sufrido
discriminación a causa de injusticias sociales. Por tanto, ¿cómo defender una
supuesta igualdad introduciendo mecanismos de compensación a favor de una
cultura determinada? La respuesta en
función de los planteamientos expuestos por la formación localista es evidente, pero dejo en sus manos responder
a la misma.
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