Los ciudadanos somos plenamente conscientes que una cédula
de habitabilidad es una certificación
garantista expedida por la administración
es decir, un documento oficial que acredita el cumplimento de los
requisitos mínimos exigibles para que un
espacio pueda ser habitado por personas a nivel de salubridad, higiene y
solidez. Está legalizada por las comunidades autónomas y caduca cada 15 años.
Los requisitos establecidos no son muy
exigentes así que lo más habitual es que las viviendas cumplan los mínimos.
Ceuta no puede ser diferente al resto del territorio
nacional. Ceuta no puede ser una isla jurídica al capricho de intereses
espurios a pesar de que la normativa vigente en nuestra ciudad (Reglamento
Regulador del Procedimiento de Concesión y Control de las Cédulas de
Habitabilidad) equiparable a las existentes en el resto de comunidades
autónomas, haya sido debatida en sesión
plenaria tras escuchar la exposición de
motivos planteada por la formación
proponente, coalición Caballas. Sin ninguna duda, existen circunstancias
excepcionales revisables, pero la excepcionalidad no puede convertirse en habitualidad.
Las administraciones públicas no pueden permitir la
aprobación de normativas diferenciadoras, normativas que permitan
exenciones legales en materias
esenciales al otro lado del Estrecho de
Gibraltar a pesar del discurso demagógico de quienes tan solo pretenden obtener
rédito político a consta de la seguridad de los ceutíes. En definitiva, resulta
extraño constatar la realidad de una formación que tradicionalmente argumenta sus
planteamientos localistas en
supuestas desigualdades con el
resto de territorios del Estado, pero ahora plantea una propuesta que incide
directamente en estas diferencias. Tan difícil es de entender.
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