La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó
el pasado martes, con el apoyo de los grupos parlamentarios del PNV y CIU, el anteproyecto de la Ley de Seguridad
Privada, una de las tres reformas que en el campo de la Seguridad ha impulsado
el Ministerio del Interior en esta legislatura junto a la Ley de Seguridad Vial
(ya en tramitación parlamentaria) y la Ley de Seguridad Ciudadana, aún en fase
de anteproyecto. Una Ley que favorecerá el crecimiento económico de España pues
hablamos de un sector que, en las circunstancias actuales, emplea a más de
85.000 personas.
El documento en cuestión garantiza, a pesar de las críticas
provenientes del progresismo español, la prevalencia de la seguridad pública frente a la privada,
pero garantiza los principios de cooperación y corresponsabilidad, actualizando
al mismo tiempo la legislación anterior, fechada en el año 1992, a las
circunstancias tecnológicas actuales y a las nuevas prácticas. Una nueva
legislación que favorecerá un incremento
sustancial en las contrataciones de personal al ver ampliadas las
prestaciones de nuevos servicios, que
hasta ahora estaban insuficientemente regulados o directamente no lo estaban
(servicio de video-vigilancia interior, gestión y respuesta de alarmar,
vigilancia de polígonos,.....).
Una ocasión más, comprobamos las incoherencias de un
progresismo español, que crítica duramente un supuesto inmovilismo del
Ejecutivo popular en relación a las cifras actuales del desempleo, pero al
mismo tiempo crítica la adopción de medidas que favorecerán, sin ninguna duda,
la creación de empleo. Pero, qué podemos
esperar de quienes nos han llevado a las peores cifras macroeconómicas, hasta
en dos ocasiones en estos años de democracia, las dos en las que han ostentado
el Gobierno de España, y ambas la terminaron de igual manera, adelantando las
elecciones por incapacidad manifiesta.
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