La militancia socialista
debería reflexionar en profundidad respecto a cuales son las causas que han
llevado a sus votantes a retirarles la confianza en los últimos comicios
celebrados, no deben albergar dudas al respecto
a pesar del compromiso de sus
actuales dirigentes. La presencia en los
medios de comunicación es constante
aunque, cuestión distinta es el interés informativo de unos comunicados y comparecencias de prensa que tan solo
buscan menoscabar la credibilidad del
Partido Popular.
En esta ocasión, debo referirme
a las continuas alusiones a los informes
elaborados por el Tribunal de Cuentas
relativos a la gestión del Ejecutivo ceutí en los últimos años, obviando intencionadamente el hecho de que
todas las recomendaciones ofrecidas por el alto tribunal económico han sido
aplicadas. Y por supuesto, jamás ha existido sentencia condenatoria alguna contra alguno de los miembros del Ejecutivo
ceutí en los últimos once años de Gobierno.
Pues bien, quienes así
actúan obvian los informes emitidos en relación a la administración de una
Comunidad dirigida desde hace años por
el partido socialista, Andalucía. Los diferentes informes emitidos por el Tribunal
de Cuentas señalan que la Junta ha incumplido sistemáticamente la Ley de
Subvenciones en todas las ayudas entregadas para el fomento de empleo. Debo
recordar que la tasa de desempleo en
esta autonomía se sitúa en el 35,42%,
1.424.200 desempleados en el tercer trimestre del año, diez puntos más que la
media nacional.
Los informes evidencian
que el Servicio Andaluz de Empleo,
organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la consejería
competente en materia de empleo, ha
cometido irregularidades muy graves. Todas las líneas de subvenciones para el
fomento del empleo en los últimos años
incumplieron los principios de transparencia, igualdad y objetividad
establecidos en la Ley General de Subvenciones y, por tanto, no se concedieron
mediante los principios de concurrencia
competitiva, se entregaron de forma arbitraria. De hecho, cuatro años después
de tramitar 25.377 expedientes por un importe de 420 millones de euros, aún no
se ha presentado documentación justificativa alguna.
Entre todos estos
expedientes debo incidir especialmente en
los relativos a las subvenciones concedidas a la Unión General de
Trabajadores en esta autonomía, 1,9 millones de euros recibidos sin justificación alguna. Circunstancia que
podría justificar que esta central sindical haya sido especialmente permisiva
con quienes lideran la tasa de desempleo en este país.
No negaré que nuestra ciudad
sufre problemas importantes, pero no es menos cierto que el Ejecutivo ceutí ha
seguido las recomendaciones ofrecidas por el Tribunal de Cuentas a pesar de las
duras críticas provenientes de una formación política, que perdió hace muchos
años cualquier indicio de credibilidad. Todos, incluidos los simpatizantes de
esta formación política, debemos ser plenamente conscientes de que nuestro país se ha convertido en objetivo prioritario de quienes esperan
obtener importantes ingresos a consta de los españoles por tanto, es el momento
oportuno de consensuar las medidas
necesarias que nos devuelvan en la mayor
brevedad posible a la senda del
crecimiento económico.
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