En numerosas ocasiones he expresado mi indignación y total
rechazo ante la proliferación de
denuncias efectuadas por los portavoces de las formaciones políticas en la
oposición ante los medios de
comunicación, sin prueba alguna, que jamás llegan ante los tribunales de
justicia, entendiendo estos como los
órganos públicos competentes cuya finalidad principal es resolver litigios con eficacia de cosa
juzgada. Una estrategia centenaria muy utilizada en
nuestro pasado político más cercano
argumentada en el ancestral
proverbio “injuria y calumnia que siempre algo queda”.
En esta ocasión,
centraré mis reflexiones en las acusaciones
protagonizadas por el portavoz adjunto de la coalición Caballas, vertidas ante los medios de comunicación en
octubre del año 2010, relativas a un
presunto “pelotazo” protagonizado por el
anterior Jefe de Gabinete del Presidente de la Ciudad, Francisco Javier Sánchez
Paris, con motivo del procedimiento seguido en la adjudicación del mobiliario
del Conservatorio de Música ubicado en el Complejo Cultural del Revellín. Unas
acusaciones, que ocuparon páginas y páginas en
los medios de comunicación locales,
que situaron al ex Jefe del
Gabinete en el disparadero mediático.
Unas acusaciones desmentidas, en primer lugar, por quienes entendíamos que dicha
adjudicación había seguido escrupulosamente
los procedimientos administrativos legalmente establecido a pesar de las acusaciones difundidas en unos
pocos medios de comunicación, y
finalmente también desmentidas, casi tres años después, tras ser requerido por
la Justicia para ratificar sus acusaciones iniciales, por quien protagonizará
unas afirmaciones en las que aplicó, una vez más y no será la última, su particular estrategia “injuria y calumnia
que siempre algo queda”. Acusar
maliciosamente por el mero hecho de
causar daño no puede resultar gratuito bajo ningún concepto y mucho
menos en las circunstancias políticas
actuales.
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