El denominado caso
Ponferrada, moción de censura en el ayuntamiento de dicha localidad,
planificada desde la secretaría de organización del partido socialista en
Ferraz, destapa la realidad de un progresismo español que antepone intereses partidistas frente a la igualdad de
género, y sobre todo, a la defensa de las víctimas. No podemos obviar que alcanzar dicha alcaldía ha sido posible
gracias al pacto suscrito con quien fuera condenado por acoso sexual, Ismael
Álvarez, contra una compañera del
anterior equipo de gobierno municipal.
Informaciones conocidas con
posterioridad confirman que la cúpula socialista conocía detalladamente las intenciones de recuperar el poder
municipal a pesar de necesitar el apoyo
de quien fuera expulsado del partido popular por prácticas deshonestas contra
los derechos de la mujer. Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Valenciano y Óscar
López habían sido los destinatarios del documento titulado “En defensa de la
Dignidad: Tolerancia cero es cero” elaborado
por un grupo de mujeres socialistas de León, suscrito por 350
personas, en el que denunciaban el
acercamiento entre sus compañeros ponferradinos con el acosador de Nevenka
Fernández.
El documento en cuestión,
enviado tras la negativa de los órganos
de dirección de León a debatir dicho acercamiento, recuerda a los dirigentes
socialistas indicados, que el partido
socialista redactó y aprobó una Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que
define como delito en su articulado el
acoso sexual. Y además recuerda a quienes hoy han protagonizado la moción de
censura, que en el pasado
reprobaron la actitud del entonces
alcalde de Ponferrada, condenado por el Tribunal Superior de Justicia,
ratificada por el Tribunal Supremo, Ismael Álvarez, cuando militaba en el
partido popular. En definitiva, el denominado caso Ponferrada demuestra la
realidad de una formación política que aplica, una vez más, el viejo refrán “haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga”.
0 comentarios:
Publicar un comentario