Aún quedan algunas cuestiones por esclarecer en el
denominado caso Ponferrada. En mi primer artículo puse de manifiesto la incongruencia de una formación política que criticó la conducta del Partido Popular tras
conocerse las acusaciones a las que debía enfrentarse el ex alcalde popular de Ponferrada, Ismael
Álvarez. Un personaje que finalmente ha
visto cumplidas sus pretensiones de venganza, gracias al pacto firmado con el grupo
socialista ponferradino, de
arrebatar la alcaldía a quien le expulsara de la política activa
para entregársela a quien le ha prestado su apoyo incondicional.
Somos conscientes que el ex alcalde de Ponferrada fue condenado en 2002 por acosar sexualmente a su compañera de
grupo parlamentario y ex pareja, Nevenka Fernández. Como consecuencia, fue
expulsado automáticamente del Partido Popular y tras varios años alejados de la
política activa, regresó nuevamente como cabeza de lista de una formación
localista en 2011. Un regresó propiciado por la ausencia total de trabas legales que impidieran al regidor
acceder nuevamente a la política activa. Purgar su pena tan solo le costó una
multa de 2.160€ y una indemnización de 12.000€
pese a los intentos de la defensa puesto que, ningún tribunal lo
inhabilitó para ejercer cargo público.
Los ciudadanos hemos expresado a través de las redes
sociales nuestra indignación primero, con un sistema judicial que le permitió
continuar en política y por supuesto,
por una decisión asumida por la dirección socialista que jamás tuvo que producirse. Pocos, muy pocos entendemos la decisión de
pactar con el ex edil condenado adoptada
desde la agrupación socialista leonesa, pero aún menos entendemos el apoyo
ofrecido desde la secretaría de
organización de Ferraz, competente en estas cuestiones. En definitiva, las
vagas explicaciones ofrecidas al respecto por los máximos dirigentes
socialistas acrecientan las dudas en esta formación tanto de la propia militancia socialista, como de la ciudadanía
en general.
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