Es un secreto a
voces que el progresismo español
pretende ganar en las calles lo que perdió democráticamente en las urnas hace
menos de un año. Las consignas dadas por sus dirigentes desde el minuto
cero y la respuesta de sus
seguidores en las calles así lo
confirman. Dos huelgas generales, movilizaciones estudiantiles, concentraciones
de trabajadores públicos, iniciativa
“Ocupar el Congreso”, cortes de carretera, algaradas ante los distintos
ministerios, declaraciones y manifestaciones son fiel demostración de esta
afirmación.
A pesar de todo ello,
los dirigentes de la izquierda española aún
sostienen que su labor de oposición se aleja de la que ellos denominan
como “atroz”, la oposición ejercida por el Partido Popular en los
últimos años pese a que esta se circunscribió única y exclusivamente a la labor
diaria de diputados y senadores en sus respectivas cámaras de representación.
Basta recordar que la gestión que nos ha traído a la crítica situación actual fue respondida con una
apacible Huelga General convocada por
unas centrales sindicales que ahora ocupan las calles un día sí y otro también.
Si en la primera
Huelga General celebrada el día 29 de
marzo estuvo marcada por una estrategia en la que la presencia de dirigentes
socialistas fue meramente testimonial, en la prevista para el próximo miércoles
día 14 de noviembre cambia radicalmente, no sólo apoyarán con palabras la convocatoria sino que
también acompañarán activamente
en las calles a quienes han sido
cómplices de una gestión que nos ha llevado a alcanzar las tasas más altas de
la Unión Europea en desempleo y déficit público, las hemerotecas de los
principales medios de comunicación así lo atestiguan.
Por cierto, unos
líderes políticos que hoy critican vehementemente la labor de un Gobierno del
que fueron desalojados legítimamente por la decisión mayoritaria de los propios
ciudadanos como consecuencia directa de su incapacidad en resolver los
problemas que continúan afectando a la sociedad española. Por poner un ejemplo
que clarifique esta afirmación, a finales de 2008 el Gobierno progresista lanzó
el Plan E con la intención de crear empleo y relanzar la economía española.
Años después, el Tribunal de Cuentas publica un informe relativo al destino de
los fondos incluidos en dicho Plan en más de 8.000 municipios señalando que ni
se creó empleo, ni se gastó bien el dinero público, ni se consiguieron los
objetivos buscados.
El informe señala que
los fondos del Plan E pagaron a muchas personas que no eran desempleadas, el
67% de los trabajadores empleados en la ejecución de los proyectos formaban
parte de la estructura de la empresa con anterioridad. Únicamente el 4% de los
que fueron contratados específicamente para la ejecución de los proyectos
continuaron trabajando en la empresa con posterioridad. En definitiva, el
famoso Plan E ideado, planificado y puesto en marcha por José Luis Rodríguez
Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba gastó casi 40.000 euros por parado
contratado alcanzando los resultados señalados incluidos en el informe elaborado por el Tribunal de
Cuentas. En definitiva, después de todo esto solo cabe una pregunta ¿cómo
pueden alzar la voz?
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