Plan de Sostenibilidad Presupuestaria

Afirmar que nuestro país atraviesa la peor crisis socio económica de nuestra historia democrática como consecuencia directa de la ineficacia del Ejecutivo anterior  es una obviedad y por ello,  los ciudadanos decidimos mayoritariamente en los últimos comicios celebrados  retirar nuestra confianza al partido socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero  para otorgársela  al partido popular de  Mariano Rajoy,  a quien se le confirió  la responsabilidad de  adoptar  aquellas  medidas que los socialistas habían sido incapaces de aprobar.

Por tanto, parece  lógico pensar que dichas  medidas  deben diferenciarse claramente de las ejecutadas por quienes no fueron capaces  de reconducir la economía española en los últimos años. Entre las cuales,  no podemos obviar  el “decretazo” aprobado, sin negociación colectiva alguna, que redujo las retribuciones básicas  de todos los trabajadores públicos del país  en un 5%, circunstancia que no provocó movilización sindical  alguna a pesar,  de ser la primera vez que se adoptaba un recorte retributivo de estas características en nuestra historia democrática.

Las decisiones adoptadas en las últimas semanas han venido definidas desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, un órgano creado en 1.980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) con el objetivo de adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera está constituido por el Ministro de Hacienda y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma.

En consecuencia, el Ejecutivo ceutí ha elaborado un nuevo  paquete de medidas de austeridad denominado  “Plan de Sostenibilidad Presupuestaria”  que incluye medidas de trascendencia socio económicas tales como;  la reforma del sector público empresarial, la supresión de actuaciones y programas considerados en estos momentos como prescindibles, la reducción en las retribuciones de los miembros del Gobierno y personal de confianza así como, la supresión de jornadas partidas, especiales y productividad en algunos puestos de trabajo de la administración pública de la Ciudad. 

Medidas que no han sorprendido a una ciudadanía  plenamente conscientes de algunas de las medidas adoptadas en otras autonomías la cuales, a diferencia con nuestra ciudad, han introducido recortes en las retribuciones básicas de sus empleados públicos así como, en los derechos sociales recogidos a través de años de  negociación colectiva.  En cambio, el Ejecutivo ceutí  se limita a modificar la jornada laboral en función de  criterios de racionalización del trabajo (jornadas partidas, rotatorias, a turnos o especiales) totalmente circunstanciales puesto que, en ningún caso, crean derechos adquiridos para los trabajadores que la realicen. A situaciones excepcionales, soluciones excepcionales aunque, supeditadas  en todo momento a la condición “sine qua non” establecida por el Presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, de no destruir empleo público bajo ninguna circunstancia.