El progresismo sectario

Permítanme comenzar mi colaboración de hoy  rememorando  una atapa clave en la consolidación  de nuestro sistema democrático, la Transición Española, un periodo convulso en el que las manifestaciones, contramanifestaciones y atentados terroristas de grupos extremistas de la izquierda y de la derecha dieron paso al consenso con la   legalización de los principales  partidos políticos españoles. Un proceso que finalizó  con la legalización del PCE tras la aceptación de su máximo dirigente, Santiago Carrillo, de la bandera rojigualda, la bandera de España. Un gesto que representó  el final del totalitarismo y el comienzo de la democracia para todo un país fruto del sacrificio de todos los españoles.

Durante años, el espíritu conciliador de aquellos demócratas acompañó  la actuación  de los principales representantes políticos en  la sociedad española. Un largo y fructífero  periodo de tiempo finiquitado “ipso facto”  desde el mismo instante en que el progresismo sectario español comprobó apesadumbrado  el final de unos privilegios amparados exclusivamente en intereses partidistas  tras comprobar como los españoles otorgaban  su confianza mayoritariamente a una formación política que recogía un país despedazado consecuencia directa  de años de corrupción para conducirlo  por la senda del crecimiento económico.

La historia se repite una vez más aunque, agravada la situación tras siete años de desgobierno  progresista que ha situado  al país al vagón de cola de todos los países miembros de la Unión Europea, tras alcanzar el mayor índice de desempleo y la más alta cuota de déficit público. La reacción del progresismo español a la decisión mayoritaria de los españoles de otorgar su confianza al Partido Popular  no se ha hecho esperar y aprovechando una sentencia unánime, contundente y clarificadora dictada por el máximo órgano judicial, el Tribunal Supremo, arremeter vehementemente contra la democracia española puesto que, cuestionar las instituciones democráticas del Estado es cuestionar la misma democracia.

El juez Baltasar Garzón ha sido juzgado en un proceso transparente, lleno de garantías a diferencia de lo que él hizo con los imputados del caso Gürtel. La sala de lo Penal del Alto Tribunal, por unanimidad, ha condenado al juez “estrella” a once años de inhabilitación con la consiguiente  pérdida definitiva del cargo de juez por un delito de prevaricación, conculcar el derecho fundamental a la defensa de los ciudadanos. Es la primera ocasión en que se enjuicia un caso en el que se vulnera uno de los derechos garantizados por nuestra Constitución.

Las duras críticas vertidas en los últimos días contra la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos por igual ejercida por quienes son incapaces de aceptar una decisión judicial cuando supuestamente ataca sus intereses muestra los verdaderos sentimientos del progresismo sectario, el verdadero talante de una izquierda española que no ha dudado incluso  en  regocijarse del sufrimiento de millones de  españoles.  Ahora, más que nunca, los demócratas debemos aunar esfuerzos en la defensa de nuestro sistema democrático.