Reforma del sector público empresarial

Siempre es de agradecer la implicación de nuestros dirigentes políticos en la sociedad de la información y más concretamente, a través de las redes sociales. En esta ocasión, centraré mi reflexión en  las explicaciones ofrecidas  por nuestro  Delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, en relación a la que será la reforma más importante del sector público empresarial de los últimos 30 años como consecuencia directa de la insostenibilidad del sistema actual.

Las duplicidades tanto presupuestarias como funcionales ponen en serio riesgo la continuidad de un Estado del Bienestar consolidado tras años de democracia.  La reforma mencionada pretende optimizar los recursos existentes, reduciendo al mismo tiempo el gasto en todos los niveles de  las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) antes de pedir un nuevo esfuerzo a los ciudadanos. Las circunstancias adversas  actuales obligan a adecuar el funcionamiento de estas administraciones. 

Para lo cual, la Comisión creada al efecto en la última Cumbre de Presidentes Autonómicos celebrada,  auditará hasta el próximo mes de junio el funcionamiento de las administraciones públicas en función de unos criterios bien definidos: ejemplaridad (limitación de cargos públicos y personal de confianza), racionalización (eliminación órganos duplicados), clarificación de las competencias (una administración, una competencia), eficiencia (satisfacer las necesidades de los ciudadanos al menor coste posible)  y transparencia.

Los ciudadanos somos conscientes  de la magnificación de  unas administraciones públicas que han destinado en los últimos años  ingentes recursos a proyectos en los que no tenían competencias, incrementando exponencialmente el número de empresas y con ello, el número de trabajadores cuyas retribuciones provienen del erario público. Como respuesta inmediata,  el nuevo Ejecutivo pretende   simplificar una  administración totalmente alejada del ciudadano, eliminando un coste insostenible, eliminando trabas burocráticas y  facilitando con ello la prestación de servicios públicos esenciales. 

Una reforma que llevará aparejada  actuaciones tan relevantes como la culminación en los primeros meses del año del plan de pago a proveedores, la delimitación en las competencias de las entidades locales así como, de las retribuciones de alcaldes. Al mismo tiempo, se profundizará en las medidas que ya se han puesto en marcha, como la reducción de altos cargos, limitación de sueldos, eliminación de empresas públicas y un plan inmobiliario integral.  

En nuestra ciudad, como no podría ser de otra manera, el Ejecutivo local  trabaja desde hace meses en la reordenación de su sector público empresarial,   supeditando dichas labores  a la promesa de su máximo responsable, Juan Jesús Vivas, de mantener el empleo estructural. La reforma planificada por los servicios técnicos plantea que las diez sociedades actuales quedarán  refundidas en cuatro (promoción económica y turística, ciclo integral del agua, radio televisión pública y servicios medioambientales) cumplimentando con ello los acuerdos alcanzados en la última Cumbre de Presidentes celebrada.