Hoy compartiré con ustedes algunas reflexiones sobre el caso
de corrupción más grave, por su cuantía económica y por sus implicaciones
políticas, de nuestra historia democrática, muy por encima del denominado caso
Filesa, aquel que enjuicio y condenó la
financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer
frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989.
Debemos recordar que en este caso los hechos fueron probados por una Judicatura
que condenó a varios dirigentes de esta formación.
En primer lugar, recordar que Andalucía es la única comunidad autónoma de España donde siempre ha gobernado el partido
socialista, nunca ha habido un cambio en su estructura política a pesar de ser
la autonomía con las peores cifras macroeconómicas del país. Quizás por ello,
deberíamos resaltar que nos enfrentamos a un caso de corrupción que ha
repartido más de mil millones de euros entre personas ficticias cercanas a la
estructura de poder con la única intención de consolidar la red de clientelismo
que ha asegurado en todos estos años la
hegemonía política de esta formación.
El caso de los ERE en
Andalucía destapa una red de corrupción, que hasta el momento ha sacado a
relucir, entre una treintena de nombres,
los de varios altos cargos
socialistas: dos ex consejeros de empleo, un ex vice consejero y tres
directores generales de la misma
área. Dirigentes políticos que asumieron las responsabilidades delegadas por
los presidentes andaluces, Manuel Chaves
y José Antonio Griñán. Por tanto, surge una duda razonable si tenemos en cuenta las ingentes cantidades
económicas gestionadas ¿habría sido
posible hacerlo, al menos, sin el
conocimiento de quienes han ostentado la máxima dirección política? Sin ninguna
duda, las investigaciones policiales y judiciales pondrán definitivamente nombre al señor X del entramado de los ERE en
Andalucía.
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