“Los funcionarios no iremos a la huelga…..”

Quien así se manifiesta es el máximo representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borras, argumentando la negativa de la mayoría de los miembros de su comité ejecutivo  a secundar una Huelga General que todos ellos consideran política. Una decisión duramente criticada desde las dos grandes centrales sindicales (UGT y CCOO) que ha provocado la ruptura en la unidad sindical de los últimos meses.

Quien más y quien menos duda respecto a los verdaderos motivos que impulsan ahora  a unos dirigentes sindicales que apoyaron con su silencio las decisiones adoptadas por los gobiernos de José Lluís Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. Dirigentes que compartieron responsabilidades con quienes negaron la crisis económica que afectaría meses más tarde  a la sociedad española, provocando  las mayores cifras de desempleo y déficit público de nuestra historia democrática.

¿Cómo explicar este silencio? mientras los ejecutivos socialistas  recortaban en políticas sociales, introducían una reforma laboral que perjudicaba a los trabajadores y disminuía las retribuciones de los trabajadores públicos. ¿Cómo explicar este silencio? mientras cerraban cientos de empresas,  las cifras del desempleo se acercaban peligrosamente a los cinco millones de desempleados y miles de familias españolas eran obligadas a abandonar sus viviendas sin solución alguna. Problemáticas similares a las actuales, entonces ¿por qué ahora sí y hace unos meses no?

Aún perdura en nuestra memoria el debate protagonizado por los máximos dirigentes en materia económica  de socialistas y populares, Pedro Solbes y Manuel Pizarro, durante la campaña electoral de las Elecciones Generales del 2008. Un debate televisado en  el que el   ministro en funciones de Economía y Hacienda afirmaba rotundamente que la situación económica en aquellos momentos era mejor que cuatro años atrás, mientras   el número dos de los populares madrileños aseguraba que el país se precipitaba a la mayor crisis socio económica de los últimos años. Dos visiones bien diferenciadas de la realidad de un país que hoy sufre  las consecuencias de no haber aplicado las medidas correctoras necesarias.

Aunque el dato más revelador fue la frase “este tipo de convocatorias no es el camino para superar las dificultades económicas”  ofrecida por uno de los convocantes de la Huelga General del 14 de noviembre, Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, cuando una inmensa mayoría de españoles exigían a las centrales sindicales mayoritarias una acción consecuente con la situación que experimentaba la sociedad española. Por tanto, ¿cómo entender una convocatoria de Huelga General formulada  por quien años atrás pensaba  todo lo contrario?

La Huelga General del próximo miércoles día 14 de noviembre tendrá serias consecuencias para un país sumido en las peores cifras de desempleo y déficit público. Secundar esta convocatoria tiene un alto coste tanto para los trabajadores como para unas  arcas del Estado que podrían arrastrar unas pérdidas cercanas al 0,7% del PIB. Para hacernos una idea, la del 20 de junio de 2002 tuvo un coste de  250 millones de euros para España, cantidad que deberíamos sumar a las cifras actuales de déficit público.