Quien más y quien
menos recuerda perfectamente como se las gasta el progresismo español, aquel
que en otros periodos de nuestra historia democrática más reciente ocupaba
las calles de nuestro país al grito de
“OTAN de entrada No”, “No a la Guerra” o “Nunca Máis”. Aquellos mismos
que irrumpieron de forma fraudulenta
en el día de reflexión anterior a la celebración de las Elecciones Generales del domingo 14 de marzo de 2004 acusando al Gobierno de
España de mentir a los españoles e instando a
la movilización a su electorado a
través de las nuevas tecnologías a las puertas de las sedes populares el mismo día de las
Elecciones en todo el país.
Ahora, este
progresismo se solidariza
demagógicamente con un sector del carbón al que no dieron soluciones viables
durante años (gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero). Un
sector que ha recibido infructuosamente
desde 1986 más de 24.000 millones de
euros en ayudas directas al objeto de reconvertir un sector
deficitario y altamente contaminante.
Deberíamos recordar la dura
reconversión industrial sufrida por
el País Vasco tras la crisis económica de los años 80 que llevo a esta región a
convertirse en una de las más desarrolladas de España.
Planes de ayuda al
sector del carbón que deberían haber
finalizado en 2002 con el cierre de todas las explotaciones no rentables, pero
la dependencia de estas zonas mineras de dichos fondos y el fracaso de los
planes de reconversión iniciados para crear empleo alternativo las han ido
prorrogando. Una plantilla del carbón que ha pasado de los 90.000 empleados en
1990 a poco más de 4.000 en la
actualidad a través de prejubilaciones
subvencionadas con fondo públicos. En la
actualidad está vigente el plan 2006-2012 aprobado por los gobiernos
socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales, quienes habían pactado como fecha última para
finalizar estas ayudas el año 2018.
El plan actualmente
vigente destinaba 248 millones de euros
para reducir tanto la producción
como las plantillas de las
explotaciones deficitarias que deberían haber puesto en marcha actividades
económicas alternativas que generasen
nuevos puestos de trabajo. Unas ayudas que han experimentado un ajuste
del 13% frente al 32% que ha
experimentado en conjunto el presupuesto del Ministerio de Industria. No hay un
solo sector económico en el país que
tenga un presupuesto tan abultado como tiene el sector de la minería.
Pues bien,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, centrales sindicales y
formaciones políticas de izquierdas protagonistas en las negociaciones que
fructificaron en el mencionado plan
2006-2012 se solidarizan con la marcha
negra del carbón arremetiendo ferozmente, al igual que sucediera en ocasiones
anteriores, contra quien tan solo lleva
seis meses en el Gobierno de España, circunscribiendo sus reivindicaciones exclusivamente en la disminución de las ayudas durante este
ejercicio y no en una negociación del
futuro de las comarcas mineras, el plan de la Minería 2013-2018, que es el que
obliga la Unión Europa y sin el cual no habrá un soporte legal para poder
transferir presupuestos a estas zonas. En definitiva, el progresismo español
exhorta a la movilización social contra
un Gobierno de España legitimado por las urnas hace escasos meses de igual
manera que lo hiciera años atrás. Los defensores de la democracia contra la propia
democracia.
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