El independentismo
catalán es una corriente política que reivindica la independencia de Cataluña
respecto a España y su integración en la Unión Europea con todos los derechos
bajo la premisa de que no alcanzarán su máxima plenitud cultural, social ni
económica mientras formen parte de España.
Una opción abanderada por la “Estelada”
que sustenta sus reivindicaciones en cuatro principios básicos:
historia, cultura, lengua propia y al derecho civil catalán. No podemos olvidar
que este movimiento, actualmente
pacífico, utilizó hace años la violencia terrorista en la búsqueda de sus
objetivos políticos.
Un movimiento
inicialmente minoritario capaz de recabar importantes cantidades
económicas entre las principales instituciones catalanas a
través de subvenciones, convenios plurianuales
y adjudicación de contratos argumentados
en la protección de la cultura y la lengua catalana convirtiéndose en un
sector de alta rentabilidad. Entre las
numerosas asociaciones y organizaciones catalanistas receptoras de estas
“ayudas” debo destacar los 13 millones
de euros recibidos desde el año 2005 por la entidad Ómnium Cultural o la
Plataforma per la Llengua con 3 millones de euros.
Recursos públicos
adjudicados por las principales instituciones públicas catalanas utilizados para sufragar los costes
económicos ocasionados por las diferentes campañas independentistas organizadas
por unos grupos responsables
directos de las principales protestas
antiespañolas de los últimos años. Cabe recordar en este punto las protestas
organizadas con motivo de la final de la
Copa del Rey del pasado mes de mayo en el Estadio Vicente Calderón entre los
equipos del F.C. Barcelona y el Atlétic
de Bilbao en el que las aficiones de ambos equipos respondieron a las consignas
dadas desde el independentismo vasco y catalán.
Unas organizaciones
separatistas que dieron un paso más en sus pretensiones independentistas al presentar
el pasado mes de abril una petición formal a la Comisión Europea con la intención de que
este organismo comunitario reconociera a Cataluña como un Estado propio de la
Unión Europea totalmente independiente de España y con los mismos derechos que
el resto de países miembros. Una
iniciativa rechazada tajantemente por el
organismo competente al entender que atenta contra el artículo 20 del Tratado
de Funcionamiento de la propia Unión Europea y más concretamente, que no existe
base jurídica alguna los Tratados de la UE que permita que una legislación
secundaria aborde las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado
miembro.
En nuestra ciudad,
algunos pretenden alcanzar dádivas similares equiparándose con estas organizaciones independentistas que
llevan años beneficiándose política y
económicamente de la defensa de la cultura y la lengua materna cuando nos
encontramos ante circunstancias totalmente contrapuestas puesto que, entre las lenguas reconocidas en
la Constitución Española no se encuentra ninguna lengua proveniente de terceros países. Ceuta
forma parte indisoluble de España y como tal en ella solo pueden ser
reconocidas aquellas lenguas incluidas en nuestra Carta Magna (castellano,
catalán, vasco y gallego) a pesar de las pretensiones de un sector
determinado de la sociedad ceutí.
0 comentarios:
Publicar un comentario